La actuación de Cordero Vega no puede reducirse a una discusión sobre si la segunda amarilla de Isaac Romero estaba escrita en el reglamento. El problema fue más amplio: el árbitro prolongó el partido hasta prácticamente el minuto 113, añadió ocho minutos difíciles de justificar y mostró una gestión deficiente de varias situaciones que exigían lectura del juego. La expulsión del delantero puede encontrar respaldo formal en la norma, pero el conjunto de decisiones dejó la sensación de un colegiado incapaz de gobernar el encuentro.
El descuento es el dato más difícil de defender. Durante la segunda parte hubo ventanas de cambios que sumaron alrededor de dos minutos, otras de dos minutos y medio, una lesión de Miguel Sierra que obligó a detener el juego durante aproximadamente dos minutos y una revisión del gol de Félix Correia que pudo consumir cerca de otro minuto. La suma no explica los ocho minutos anunciados. El partido, además, siguió después del empate hasta entrar prácticamente en el 113. Eso no demuestra por sí solo que el Sevilla perdiera por culpa del árbitro, pero sí revela una decisión sin una justificación clara y con un impacto evidente sobre el desarrollo del tramo final. [33:54]
El problema fue la gestión
La crítica más sólida no está en una jugada aislada, sino en la manera de dirigir el partido. Se cuestionó que Cordero Vega dejara jugar demasiado en algunas acciones y permitiera que aumentara la agresividad sin marcar un criterio reconocible. También resultó especialmente llamativo que se autorizara la salida de un jugador cuando el balón se encontraba en una zona cercana a la acción. La responsabilidad no recae únicamente en el árbitro principal: el cuarto árbitro debía advertir el riesgo y la decisión final debía tener en cuenta que la pelota seguía en un área de influencia directa. Son detalles que no aparecen en una estadística, pero que explican por qué un encuentro se desordena.
La expulsión de Isaac Romero encaja en esa misma falta de perspectiva. El gesto de mandar callar puede sancionarse con amarilla y, al tratarse de su segunda cartulina, la roja tiene cobertura reglamentaria. El propio jugador debió ahorrarse una acción que le deja fuera del siguiente partido. La norma, sin embargo, no obliga a interpretar cada gesto de la misma manera ni convierte al árbitro en un mero aplicador automático de sanciones. Hacía 26 años que un futbolista no era expulsado por una segunda amarilla motivada por ese gesto. Durante ese tiempo, acciones parecidas se han resuelto habitualmente con una advertencia, una llamada a los jugadores y la reanudación del juego. [33:54]
El mejor contraargumento sostiene que Cordero Vega actuó dentro de la ley y que la expulsión apenas condicionó el resultado, porque llegó en los últimos minutos y el Sevilla solo estuvo en inferioridad durante un periodo muy corto. Es un argumento atendible, pero insuficiente. Una decisión puede ser legal y, al mismo tiempo, estar mal administrada. El fútbol necesita sancionar una provocación clara, una burla reiterada o una conducta que altere de forma grave el partido; convertir un gesto puntual en una expulsión automática, después de un encuentro ya cargado de interrupciones, no mejora el arbitraje. Tampoco lo hace añadir ocho minutos cuya explicación no aparece en el propio desarrollo del juego.
Por eso la actuación de Cordero Vega merece una crítica general, no solo la protesta habitual por una tarjeta. El Sevilla tuvo errores propios y no puede atribuir al colegiado los puntos que dejó escapar, pero el árbitro añadió confusión donde debía aportar criterio. El partido se alargó prácticamente hasta el 113 y terminó con Isaac Romero expulsado por un gesto que, según la propia lógica aplicada durante décadas, rara vez desembocaba en una segunda amarilla. Ahí está el problema: no tanto que el colegiado conociera la norma, sino que no supiera manejar el partido.
